31/3/12

No penarás

¿Qué es y qué no es el abolicionismo penal?

Síntesis y declaración de principios. A propósito de las dudas que la teoría y la praxis de la “no pena” genera en propios y extraños.

A modo de panfleto. Una visión LTF.


El abolicionismo penal es una corriente de pensamiento y/o un  movimiento social cuyo principal objetivo es la erradicación de la cárcel y el sistema penal en su conjunto.

Para el abolicionismo penal los “delitos” son conflictos entre partes. Ni más ni menos que eso. Conflictos que en algún tiempo y espacio el poder de turno etiquetó de esa manera, respondiendo a ciertos intereses y circunstancias claramente identificados con las ideologías dominantes que desde tiempos inmemoriales permanecen ocupando espacios de privilegio a costa de la opresión y sometimiento de la gran mayoría de la población del planeta.

El delito como tal no existe. Es una mera construcción socio-política. Su ontología es cuasi mítica. Su “categorización” y/o “etiqueta” debe necesariamente ser contextualizada.

Por sólo citar un ejemplo, no casualmente en pleno auge de la revolución industrial durante la segunda mitad del siglo XIX la vedette de los Códigos Penales de entonces fueron los “delitos contra la propiedad”.

Política, economía y sistema penal son nociones que siempre deben ser analizadas en conjunto. A no pasar por alto este detalle.




Un abolicionista penal cree que los conflictos deben ser regulados teniendo en cuenta ciertos principios fundamentales:

Debemos buscar soluciones y/o respuestas que favorezcan a ambas partes y que no contribuyan al agravamiento del incidente tal cual lo hace la cárcel y el sistema penal en todas sus formas.

Debemos acercar a los directamente involucrados, devolverles el conflicto que otrora les fuera expropiado por el Estado y darles el protagonismo que realmente merecen.

Incentivar la creatividad de los que vívidamente padecieron las consecuencias del conflicto en cuestión y desalentar cualquier ademán agresivo que pueda llegar a germinarse.

Para un abolicionista penal el sistema penal es venganza en su estado más puro. El ojo por ojo que, parafraseando a Gandhi, hará que -tarde o temprano- todos nos quedemos ciegos.

La violencia genera más violencia. Creer que con ella solucionaremos en algo las problemáticas que de por sí tienen todas las sociedades modernas representa, en el mejor de los casos, un acto de inocente ingenuidad; y, en el peor, un ejemplo más de cómo los poderosos y los sectores acomodados y poco solidarios con los que menos tienen suelen aceptar con beneplácito aquellas estructuras que contribuyen a la eterna indemnidad del statu quo.

Yendo aún un poco más lejos, pensamos con total convicción que la abolición de la cárcel, en su calidad de baluarte por excelencia del sistema penal vigente, traería aparejada la reducción del conflicto social, generando -como consecuencia de ello- una notable merma de lo que comúnmente los medios masivos de comunicación denominan “inseguridad”.

Si los políticos profesionales advirtieran esto quizás echarían mano en forma más frecuente a la teoría y la praxis de la “no pena”.

En esta dirección el abolicionismo penal, hoy mala palabra, podría devenir tranquilamente en política pública pasible de aceptación generalizada.

Para un abolicionista penal el sistema penal es un instrumento de engaño permanente. Selectivo y sectario. Sus “clientes” representan en altísimos porcentajes a las clases más pobres. A los excluidos de siempre.  

Difícilmente el sistema penal se meta con los poderosos, sino por el contrario Poder y Sistema Penal son aliados inseparables. 




Un abolicionista penal descree absolutamente de cada una de las "teorías de la pena". El castigo no reeduca, no previene conflictos ni reconcilia al infractor con la divinidad, no evita la venganza privada ni cohesiona a los actores sociales en un único e indiscutible paradigma social.  

El castigo es castigo. Corporal y visible. Esta es la única realidad. Todas las demás son ideas tendenciosas, absurdas e interesadas que pretenden tapar el sol con el pulgar. Mentiras proclives a darle al Estado prerrogativas morales que claramente no tiene; y a la autoridad eventual, el “brazo armado” necesario para mantener -a capa y espada- su tan preciada posición de mando.

El sistema penal es infligir dolor a seres humanos inescrupulosamente, digitarlos como fichas de ajedrez carentes de sensibilidad alguna. Es tiempo de vida arrebatado en pos de fines francamente irracionales.

Por el contrario, el abolicionismo penal no es un desarrollo meramente académico, snob y/o antojadizo.

Responde a múltiples influencias teóricas y antecedentes prácticos claramente identificables –como los movimientos abolicionistas de la esclavitud o de la pena de muerte, por sólo citar un par de ejemplos-.

El abolicionismo penal no significa pretender que mañana mismo el sistema penal desaparezca o derrumbar las cárceles utilizando la violencia como método.

Tampoco significa no hacer nada ante aquellos acontecimientos hoy catalogados políticamente como “delitos”.

A no confundirse. Que el abolicionismo penal no crea en soluciones punitivas recetadas normativamente por burócratas de traje y corbata, no significa que no promueva la regulación y/o solución de los conflictos referidos recurriendo a herramientas muchísimo más civilizadas, comprometidas, inteligentes y capaces de aportar soluciones únicas e irrepetibles, atendiendo estrictamente a las particularidades también únicas e irrepetibles del caso en concreto.

Se alienta la constitución de mediaciones comunitarias y el traspaso de la regulación de situaciones conflictivas, hoy contempladas en el derecho penal, a la órbita civil y/o administrativa, en el marco de un plan de descriminalización progresiva de conductas y con el respaldo de una "decisión política" clara en el sentido de prohibir la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.   

El abolicionismo penal no es una isla ideológica. Un abolicionista penal no cree que con abolir el sistema penal todo se soluciona de la noche a la mañana.

Junto con la abolición progresiva y razonada del sistema penal resulta imperioso activar acciones sociales, políticas y económicas que  tengan como objetivo solucionar problemáticas estructurales urgentes como la desigualdad, el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición infantil, la concentración hegemónica de los medios de comunicación, la multiplicación permanente de monopolios industriales y financieros -amparados por poderes políticos dóciles y justicias amigas-, la discriminación en todas sus variantes, y una interminable lista de etcéteras que no hacen más que evidenciar la enorme cantidad de falencias que quedan aún por resolver.

El abolicionismo penal no es un dogma autoritario ni un canto al positivismo epistemológico que busca hasta debajo de las piedras conocimientos objetivos y empíricamente verificables.

El abolicionismo penal se nutre de dudas e inquietudes permanentes y no de axiomas o mandamientos sacros. El abolicionismo penal es –por definición- un ejercicio creativo, artístico y libertario. Imaginación no punitiva y militancia.

Maximiliano Postay








16/3/12

Medios y Sistema Penal

Apostillas sobre la mediatización del castigo y sus consecuencias sociales                          


I.

La actualidad de los medios de comunicación en relación al tratamiento que hacen de la criminalidad y a la cobertura que realizan de las diferentes actividades de las agencias del sistema penal, es cuanto menos preocupante.

La espectacularidad, la utilización de seres humanos con fines lucrativos, la instalación del miedo, los discursos tendenciosos y la banalización de las problemáticas sociales, son moneda corriente en la televisión, la radio y los medios gráficos.

“El espectáculo puede dejar de hablar de algo durante tres días y es como si ese algo no existiese. Habla de cualquier otra cosa y es esa cosa la que existe a partir de entonces. Como puede verse, las consecuencias prácticas son inmensas”. (DEBORD, 1990, p. 32).

Se explota la rentabilidad del “crimen”. Se negocia con el dolor de los demás, llevando la cobertura mediática a niveles de extrema morbosidad.

En Argentina son harto famosos los titulares del diario Crónica, reproducidos a su vez por el canal de televisión del mismo nombre.

Fondo rojo, letras blancas y una música que recuerda bastante a las marchas militares ultra-nacionalistas del siglo XIX. Racismo, desparpajo informativo o vaya a saber uno que extraña motivación: “Accidente fatal en Flores: Mueren dos personas y un boliviano”, supo leerse alguna vez en algún mediodía frente a la pantalla de la “caja boba”.

II.

Una de las problemáticas que más pueden llegar a preocuparnos en torno a los medios de comunicación y su relación con el aparato punitivo es aquella que se circunscribe a la publicidad del juicio penal. Momento culmine en el cual el sistema represivo del Estado pretende legitimarse cual años atrás lo hacía desde el patíbulo.

Los medios masivos de comunicación, generando juicios paralelos vacíos de garantía alguna, doblegan la violencia estructural, que de por sí tiene el sistema penal.

En el marco de una sociedad globalizada posmoderna e híper industrializada, con los avances tecnológicos que se encuentran en la actualidad a disposición del ciudadano medio, sería necio hablar de la publicidad de los juicios penales limitándonos sólo a lo que acontece en el marco físico de las cortes judiciales.

Los medios de comunicación, y en especial la televisión desbordaron todo posible límite tempo-espacial, llevando lo acontecido en los tribunales al hábitat cotidiano de la real masividad.

La atención directa que el pueblo ejercía en los enjuiciamientos acusatorios típicos de la cultura helénica clásica se ve siglos más tarde suplantada por espectadores que desde el cómodo espacio del salón de sus hogares ejercen diariamente funciones de “contralor” en forma consciente o inconsciente.



III.

Pero ¿qué es lo que les llega a estos consumidores de medios masivos de comunicación? Evidentemente algo muy distinto a lo que en el preciso lugar de los hechos podrían llegar a percibir.

La prensa; sea radial, televisiva o escrita; distorsiona la realidad.

Siguiendo agendas meramente comerciales (LASSITER, 1996, p. 1000), pone a disposición de la muchedumbre lo que en ese momento le proporciona mayores réditos económicos.

En una suerte de retro-alimentación permanente entre la “opinión pública y la opinión publicada” (SCHNEIDER, 1989, p. 78) se genera un círculo vicioso, en el que no se sabe a ciencia cierta si la prensa responde a demandas populares o viceversa.

En una sociedad de masas la ficción suele ocupar un rol aún más determinante que la propia realidad. El simplismo mediático y la presentación de complejas problemáticas reducidas a la voz arbitraria de lo efímero nos muestran escenarios que desde un pensamiento socio-criminológico relativamente serio deben ser fuertemente cuestionados.

Siempre es mucho más atractivo presentar a los miembros carnales del conflicto que deriva en un juicio penal como personajes antagónicos y claramente estereotipados; criminales maliciosos y detestables por un lado y por el otro víctimas virtuosas, hasta en ciertas ocasiones queribles, que en un gran porcentaje de los casos son estructuradas desde lo escénico como incapaces de provocar la reacción que el victimario finalmente tuvo.

Esto contribuye necesariamente a la lógica de razonamiento que nos lleva a pensar en el criminal como un enemigo social y no como un ciudadano que perjudicó a otro.

Se lo demoniza y a partir de ahí nos creemos con el derecho de tratarlo como algo diferente a un ser humano. Ente peligroso que como tal tiene menos atribuciones que el ciudadano no “desviado”.




IV.

Igualmente grave son las consecuencias sociales que se generan cuando la prensa asociada a los poderes del Estado -o siguiendo simplemente el ánimo de lucro natural de su actividad- recrea “modas delictivas” de dudosa verosimilitud material.

La mecánica mercadotécnica de los medios de comunicación es la siguiente: publican una noticia sobre determinado delito, si esta noticia tiene buena recepción desde el punto de vista de la cantidad de ejemplares vendidos o si tiene buen rating, de ahí en adelante se dedicarán a publicitar hechos de características similares.

La cantidad de páginas dedicadas a este tipo de sucesos, el lenguaje utilizado para referirse a los protagonistas de las historias criminales, la utilización de imágenes, ediciones, música de fondo, entre tantos otros detalles, están fríamente calculados.

En otro orden de ideas, vale decir que la prensa y sus particulares métodos, a su vez, puede llegar a afectar a los propios testigos judiciales (LASSITER, op.cit., p. 968) generando en sus imaginarios nociones distintas a las que el propio sujeto efectivamente vio, sintió o escuchó.

El llamado “witness marketing” resulta por demás problemático. Testigos declarando fuera del ámbito de la corte y medios de prensa luchando vorazmente por la primicia.

Finalmente planteo con preocupación la posibilidad de que en algunos casos la prensa adopte como propias funciones de investigación que no debería tener, tal es el caso del ejemplo de la serie “XY ungelost” que durante años en pantalla en Alemania, Suiza y Austria proporcionó datos para el esclarecimiento de casos pendientes de resolución, publicando incluso fotos de personas relacionándolas con la comisión de “delitos” sin que éstas aún hayan sido condenadas en juicio.

V.

La morbosidad del espectáculo judicial llevado a un extremo tal que en si misma representa un castigo anticipado para el imputado, también es algo que debe ser atendido.

Para evitar esto no basta tan solo con limitar el obrar muchas veces despiadado de la prensa, sino que hay que realmente tratar al individuo como a un ser humano inocente hasta que una sentencia firme determine lo contrario.

El maltrato recibido de parte de los jueces o los espectadores del juicio, llámese familiares de la víctima, llámese personas sin ningún tipo de relación con el caso, son cuestiones que deben ser completamente repelidas -al igual que las sanciones preventivas, o la exposición del imputado con esposas u otros elementos estigmatizantes-.

También es menester evitar prácticas arcaicas por definición, que llegan hasta el patético extremo de darle rasgos circenses incluso a la propia muerte.

Repudio enérgicamente, por solo citar un ejemplo, la publicación de las últimas palabras de los condenados a la pena capital que el Estado de Texas lleva adelante en su sitio web oficial. (Véase: http://www.tdcj.state.tx.us/stat/executedoffenders.htm).

Por último resta analizar cómo se relaciona el instituto de la publicidad del juicio penal con el derecho que todo individuo tiene a preservar impoluta su esfera de intimidad. Otra cuestión largamente debatida que siempre suele generar más interrogantes que respuestas.

Nuevamente creo imposible la formulación de reglas absolutas. Lo determinante para equilibrar la relación de estos dos derechos en latente conflicto será recurrir al análisis pormenorizado del caso específico.

Con la prensa y desde su indubitable rol masificador las posibles perturbaciones a este delgado espectro fueron incrementándose.

Definir hasta qué punto la publicación de noticias relacionadas a hechos delictivos resultan afectaciones concretas a la prerrogativa “intimidad” no es tarea sencilla.



VI.

Las problemáticas son infinitas. Lo público, lo privado, el poder, el no poder y tantas otras complejas parcelas analíticas tiñen cualquier aproximación que podamos hacer al respecto.

Entre tantas vacilaciones, una única certeza: todo lo expuesto, jamás puede ser concebido como algo aislado.

Un modelo económico y político se nutre de todo lo aquí puesto en crisis. La cárcel, y el sistema penal en su conjunto, son por así decirlo sólo el “brazo armado” de un grupo ideológico represivo mucho más gigantesco y amenazador.

Como bien apunta Francesc Barata a “La experiencia mediática no podemos considerarla como algo ajeno a la sociedad, sino que hay que contemplarla como un elemento más del devenir social” (BARATA, F., 2003, p. 15).

Nada es casual. Todo tiene un contexto. Estudiar la controvertida relación existente entre los medios de comunicación masivos y el “crimen”, el control social y sus vericuetos, prescindiendo de las circunstancias históricas, políticas, económicas y culturales que la rodean es un acto de irresponsable e inaceptable reduccionismo.

Maximiliano Postay

BIBLIOGRAFÍA MENCIONADA:

BARATA, F., “Los mass media y la cultura del miedo”, en Revista Panóptico, nº 6, 2º semestre 2006, Virus, Barcelona

LASSITER, C., TV or not TV. That is the question, en The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol 86, Nº 3, Northwestern University, Chicago, 1996

SCHNEIDER, H., La criminalidad en los medios de comunicación de masas, en Doctrina Penal, Año 12, Nº 45/48, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1989

DEBORD, G., Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Anagrama, Barcelona, 1990








10/3/12

El Abolicionismo Penal existe en Brasil

Aunque para nosotros sea poco conocido, la teoría y praxis del no castigo, tiene cierto nivel de desarrollo en nuestro país vecino.



Según pudo contarnos María Lucía Karam, jueza abolicionista brasileña, que en los años ochenta se destacó por su tendencia a no condenar a personas acusados de haber cometido delitos tales como la tenencia o el consumo de drogas, el abolicionismo penal llega a Brasil en la década del ochenta del pasado siglo XX, de la mano del profesor holandés Louk Hulsman.

A diferencia de lo que ocurrió en el resto de Sudamérica, donde el derecho penal mínimo de Alessandro Baratta caló hondo en los claustros académicos de la por entonces denominada criminología crítica o criminología de la liberación, en Brasil el autor de culto por aquellos años fue este simpático norte-europeo signado por el paso por un campo de concentración nazi durante su juventud y una incansable actividad gubernamental en los Países Bajos, estado en el que logró reducir la cantidad de reclusos de 55 a 18 cada 100.000 habitantes en pocos años.

La primera obra abolicionista que llega a Brasil fue “Peines perdues”, de Louk Hulsman, traducida por la propia Karam.



Poco tiempo después se traducirían textos de Christie y Mathiesen y los mismos brasileños empezarían a desarrollar sus propias reflexiones.

Entre las obras más destacadas del pensamiento abolicionista en Brasil pueden mencionarse la antología de textos publicada como “Curso Livre de abolicionismo penal”, las conversaciones libertarias de Edson Passetti y el texto de Karam “De crímenes, penas y fantasías”.

Paralelamente aparecieron revistas, cursos, seminarios y hasta programas de televisión.

Desde el punto de vista teórico, sin dudas el principal aporte de esta nueva corriente fue el concepto de “Heteropía libertaria” de Passetti. Para el autor brasileño la heteropía, a diferencia de la utopía, se encuentra al alcance de nuestras manos y puede materializarse incluso desde la vida cotidiana.

Ambas cosas se complementan. El fin utópico, casi inalcanzable, y los medios imperceptibles a priori, del quehacer transicional.  

De la mano de Karam, el tema “drogas” también apuntaló el desarrollo del abolicionismo penal en Brasil. Anti-prohibicionismo, legalización y discusiones en torno a la constitucionalidad o no de tipos penales que cuestionen actividades privadas como puede ser el hecho de consumir una línea de cocaína o un cigarrillo de marihuana, empezaron a ser frecuentes en los ámbitos de discusión socio-jurídico penal brasileños.

Fieles a sus raíces libertarias los abolicionistas brasileños difunden sus ideas, plenos de convicciones y entusiasmo pero sin ánimos de adoctrinamiento.

En este sentido María Lucía Karam supo decirnos que no obstante ser muy difícil la divulgación de ideas tan radicales como las abolicionistas, su optimismo se fundamenta en el hecho de que cada vez que ella tiene la posibilidad de hablar en público, al menos una persona se le acerca ofreciendo ayuda y reclamando mayor información.

Cabe destacar la importancia que los abolicionistas brasileños le dan a la difusión de sus ideas, reuniones y proyectos desde internet.

Por sólo citar un ejemplo www.nu-sol.org publica las diferentes ediciones de la revista anarquista y abolicionista penal Verve, los eventos anarquistas y abolicionistas que pueden resultar de interés y diferentes trabajos clásicos y contemporáneos sobre anarquismo y abolicionismo.

También en este sentido deben destacarse algunas limitaciones.

Brasil, no obstante ser el país más grande y poderoso del continente, tiene el "problema" de ser uno de los pocos Estados latinoamericanos en los que no se habla español; por ende la tendencia –voluntaria o involuntariamente- es a cerrarse y generar micro-climas de exclusivo predominio portugués-parlante.

La integración del abolicionismo brasileño con otros simpatizantes y/o agrupaciones abolicionistas desparramadas por el resto de Latinoamérica es imprescindible si lo que se pretende es tener una incidencia regional realmente significativa. A trabajar en ello.

Maximiliano Postay

7/3/12

Prohibicionismolandia



TOUR GRATUITO. PROHIBIDO COBRAR. PROHIBIDO NO COBRAR. PROHIBIDO PAGAR. PROHIBIDO NO PAGAR. PROHIBIDO DEVELAR LA DERROTA. PROHIBIDO GANAR. SOMOS ESTUPIDOS, PROHIBIDO CONTRADECIR NUESTRO EPITAFIO.

I.
Bienvenidos al maravilloso mundo del fracaso del prohibicionismo. Una tierra de oportunidades, si lo que se busca es hacer cosas que no sirven para nada y ganarse el voto de alguna señora de Barrio Norte, Recoleta o Belgrano R.  

Bienvenidos, pasen, pónganse cómodos. Fascinante geografía de decisiones pelotudas. Sombras chinescas. Reduccionismo. Eficacia sobreactuada. Inmediatez santificada. Mucho botox, comportamiento de manual, doble moral y cinismo.
Que vivan los fumadores subacuáticos. Que vivan las “manos negras”. Los cliches. Los opinólogos a sueldo.

Aquí se dice que las putas son horribles. Que coger sin amor es horrible. Y que ser un proxeneta es más horrible todavía.  Aquí se dice que los departamentos privados y cabarets deben ser clausurados; aquí se dice eso y al mismo tiempo se le regala un viajecito a las Bahamas a una secretaria, con el propósito de ligar algún que otro favor sexual.
”Eso no es pagar por amor. Eso es ser un caballero. Usted no entiende nada mi amigo. Lo suyo es envidia pura”. Un fulano de traje prende su habano, se acomoda su panza con ambas manos y le manotea el culo a la primera adolescente que pasa por su lado. Exhala una carcajada hilarante, me mira con  cierto auto-fanatismo y ensaya la primera pitada. El humo dibuja un signo fantasmagórico sobre su rostro excitado. De fondo suena una canción de Cacho Castaña.

Aquí se intenta terminar con la problemática de la promoción de la prostitución y la supuesta apología mediática de la “trata de personas” prohibiendo el mitológico “rubro 59”.[1]
La respuesta de la masa no tarda en llegar. El “rubro 59” desaparece casi por completo. Un éxito.

Los políticos iluminados que propusieron su derogación se rasgan las vestiduras. Sueñan con su inmortalidad en los libros de historia. “Ya hablarán de nosotros, entre guardapolvos, gomas de borrar y lápices de grafito”. La música cambia repentinamente. Marcha triunfal. Giusseppe Verdi vestido de jugador estrella de la selección nacional de fútbol, ingleses apilados, Victor Hugo, relato memorable y barrilete cósmico. 
Silencio, sorpresa. Habilidad gramatical. Dogmas destruidos. La nueva tendencia ofrece el primer veredicto: muerto el “rubro 59”, la rabia por el polvo fácil sigue ultra vigente: “Señorita soltera busca hombre para relación informal”. Salto a la cerca. Página sesenta y pico del “gran diario argentino”.

Risas, escándalo, cine mudo. El gordo y su habano se van por los aires. El gordo pisa la cáscara de una banana, un payaso lo mira y le tira agua en los ojos con una pistola plástica. El gordo se levanta y vuelve a caer esta vez de trompa al piso. Aparecen siete enanos disfrazados de Hannibal Lechter y al oído le susurran el nuevo hit de Justin Bieber. El gordo corre, casi sin ropa.
Primer Acto: Prohibir da felicidad; Segundo Acto: Prohibir motiva la creatividad del impedido; Tercer Acto: Prohibir ridiculiza al artífice de la prohibición.  


II.
Bienvenidos al maravilloso mundo del fracaso del prohibicionismo. “Gobernador, Gobernador. Quiero solucionar un problema gravísimo. Los chicos están como locos. La noche los vuelve satánicos. Gobernador, Gobernador. Usted que todo lo puede. Usted que todo lo sabe. ¿Qué se le ocurre?”.
El líder rasca su barbilla. Mira fijo a un asesor que no asesora. Misterio. Suspenso. Ansiedad. El líder no puede esperar. Se debe a su público y lanza una respuesta.

Un E.T. platense une su dedo índice con la nariz del jefe distrital. A pocos metros del lugar, un ejército de aduladores rentados festeja la iniciativa de su referente. A partir de ahora todos los boliches bailables a los que concurran los jóvenes bonaerenses deberán tener estricto horario de finalización. Queda absolutamente prohibido que cierren después de las 5:30 am.[2]
Brillante, superlativo. Estructuralmente superior. “Anuncien la medida con bombos y platillos. Esto seguramente ha de posicionarme como presidenciable”. Voceros, papeles al viento, medios de comunicación, conferencias de prensa. Más, me das cada día más. Valeria Lynch.  

Silencio II. Parece que eso de salir todos a la misma hora genera muchos disturbios. En los lugares donde hay más de un boliche (generalmente suelen estar bastante próximos unos con otros) los jóvenes se encuentran masivamente a la salida. Acumulación. Muchedumbre y muchas veces caos. Encima todavía es de noche y los riesgos de camino a casa se multiplican como consecuencia de ello.
Acto megalómano suspendido. El Gobernador sufre un ataque de epilepsia. Benny Hill corretea rubias en el salón principal de la Casa de Gobierno. Nuevamente aparecen siete enanos, esta vez disfrazados de motonautas. Lluvia de sillas. Entre el tumulto se hace presente el club de fans de Kapanga, y en homenaje a su banda de culto recitan la letra de “el mono relojero”, cual coro Kennedy. La primera dama provincial promociona sus perfumes. Dos estatuas vivientes ven caer su maquillaje. Otra vez el mismo payaso de antes y su pistolita carnavelesca haciendo de las suyas.


III.
Bienvenidos al maravilloso mundo del fracaso del prohibicionismo. Las drogas están prohibidas hace años y la historia no cambió ni una coma. El negocio crece. Las muertes se multiplican. No aprendimos nada con las consecuencias de “la ley seca”. Seguimos recitando “padresnuestros”. Dios, falopero mío, armate un  “cigarro” con tu corona de espinas. A la cárcel van los perejiles. Se prohíbe el consumo de estupefacientes, se prohíbe su tenencia; el Estado imperializa su tan particular moral, coloniza almas, ejemplifica, obliga;  y ¿nos quejamos de Cameron y su séquito de piratas? Vaya paradoja. 

Bienvenidos. Abrazo de oso para todos.
Cuánto tiempo sin verte. Estás igual.

Aquí un “noticiero” es “contenido no apto para niños y adolescentes”. No vaya a ser que a los pibes se les dé por estar informados. Está bien. Hay que reconocerlo. Es cierto. Muchos periodistas son despreciables, pero tampoco es para tanto…
Bienvenidos. Tapate los ojos. En la televisión hay una teta. Pezón, pezón. Círculo vicioso que alimenta degenerados. Corrupción maternal. Desecho tóxico.

Yo te aviso cuando puedas volver a mirar. No hagas trampa. Te estoy vigilando.

Maximiliano Postay









[1] http://www.perfil.com/contenidos/2011/07/06/noticia_0009.html
[2] http://www.taringa.net/posts/noticias/3856260/Scioli-se-puso-la-gorra-y-apaga-la-noche.html



5/3/12

Adhesión LTF

DOCUMENTO

CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA SALUD MENTAL VULNERADA

La atención de la Salud Mental, en el sistema público estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sufriendo un grave proceso de deterioro y destrucción, en cuanto a su concepción y su funcionamiento. El gobierno de la ciudad, responsable de la política en el área, emitió apenas comenzado el año y muy sigilosamente la Resolución N°52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”.

Este acto de gobierno, por el cual se derivan dineros públicos hacia el sector privado, contradice de forma sumamente lesiva, los lineamientos expresados por la Constitución de la Ciudad, la Ley N°448 de Salud Mental y la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657. El marco legal es sumamente claro en cuanto a la imprescindible transformación del actual modelo de atención en Salud Mental, estableciendo para ello, la creación y apertura de dispositivos para la atención, rehabilitación y reinserción social de las personas con padecimientos mentales. Así mismo, se establece que la internación de pacientes, debe ser considerada “como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios”.

También según las leyes, se establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas desde la perspectiva interdisciplinaria, considerando el aporte de la multiplicidad de prácticas y saberes del campo de referencia. Esta Resolución, no sólo contradice la legalidad, sino que hace gala de un anacronismo evidenciado por la historia y la realidad, al clasificar a los pacientes meramente como “psiquiátricos”. Los resultados devenidos por la acción de una “omnidisciplina”, perpetúa el modelo asilar – manicomial, y en base a ello resulta perjudicial y retrógrado intentar subordinar a la Salud Mental, desde una visión de “modelo médico hegemónico”.

Este accionar del gobierno del Ing. Macri, no se reduce a la transgresión generada desde la mencionada Resolución, sino que apunta y se complementa también, con el cierre y desfinanciamiento de diversos dispositivos de atención existentes, tales como el P.A.C. (Programa de Atención Comunitaria para niños/as y adolescentes), dependiente del Centro de Salud Mental N°1 “Hugo Rosarios”.

La Resolución N°52 permite visualizar el doble perjuicio que se genera: en primer lugar, porque atenta contra la atención de la población, contrariando lo que expresa la Constitución de la Ciudad, según la cual debe concretarse un proceso de “desinstitucionalización progresiva”, creando una red de servicios y protección social y garantizando su atención en los establecimientos estatales. Así, no sólo se priva de los recursos necesarios para la creación de los dispositivos, sino que también se desatiende lo existente, con graves consecuencias. Por otro lado, se intenta “tercerizar” la atención, derivando hacia clínicas privadas, sosteniendo la “internación prolongada” como modalidad asilar-manicomial. La Constitución de la Ciudad expresa que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector…”. En el marco de este accionar, debe recordarse que este mismo gobierno ya lo ejecutó con la atención de las adicciones (sustrayendo la pertinencia de las mismas al área de salud mental y delegando la atención en instituciones privadas). Esto, sin eufemismos, implica la privatización del sistema de salud mental.

No podemos dejar de asociar a este estado de situación que, hace pocos días, el propio Macri presentó el megaproyecto inmobiliario denominado “Centro Cívico”, y que en un primer paso licitará la construcción de un edificio donde se albergarán la Jefatura de Gobierno y varios ministerios a un costo inicial de $ 280 millones, justamente en terrenos del Hospital Borda y el ex Hospital Rawson. A pesar del hermetismo, es indudable al observar los proyectos ganadores del concurso, que avanzará hacia los terrenos de los otros hospitales de salud mental lindantes. Pese a la evidencia, en ningún momento se ha hecho público cómo ha de resolverse la situación de las aproximadamente 1.700 personas internadas en los hospitales monovalentes Borda, Moyano y Tobar García, respetando lo establecido taxativamente por las leyes vigentes. Cabe consignar como dato reciente, que las topadoras han comenzado a demoler instalaciones, entre las que se encuentra el “Taller Pan del Borda”, sin aviso ni explicación.

Este avasallamiento del ejecutivo porteño, demuestra que su interés es satisfacer la avidez por proyectos inmobiliarios a gran escala, de los cuales participan conocidas empresas constructoras. La Resolución N°52 anticipa el escenario que se proyecta. El accionar del gobierno sustituye la prioridad de la transformación de la salud mental (que lleva doce años de postergación), por los beneficios de “progreso” que presentará para la población este megaproyecto para la zona Sur.

Estamos ante una emergencia que, por su gravedad, requiere de una respuesta inmediata a estos desatinos del Gobierno de la Ciudad, que también desnuda complicidades y llamativos silencios corporativos. En un espacio intersectorial e interinstitucional hemos confluido un conjunto de actores, vinculados y preocupados por este presente contradictorio para con los objetivos establecidos para la salud mental de la ciudad, ante la imperiosa necesidad de actuar partiendo desde dos ejes: la movilización de la comunidad, los pacientes y sus familiares y los trabajadores del sistema y, en otro plano, la defensa de la legalidad, mediante presentaciones ante la Justicia.

Sin más dilaciones, el Gobierno de la Ciudad debe cumplir con las leyes que propician los cambios para la Salud Mental y, en base a ello, exigimos la inmediata asignación de los recursos para instituir la apertura de camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, residencias protegidas, emprendimientos sociales y el conjunto de dispositivos establecidos en el Art. 14° de la Ley 448. El proceso de desinstitucionalización que propicia el conjunto de leyes vigentes no admite especulaciones ni engaños: defender el hospital público no es defender los “manicomios” o instituciones asilares.

En virtud de lo expuesto es que las organizaciones profesionales, sociales y representantes políticos abajo firmantes convocamos a sumarse a esta lucha ligada a los derechos de la población, para contar con un sistema de salud mental digno y eficaz, del cual son también tributarios sus trabajadores.

Desde esta convocatoria amplia y plural, apoyaremos las presentaciones ante la Justicia, el consenso para establecer una gran movilización hacia la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en fecha próxima a determinar y todas las acciones que resulten pertinentes para el efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Mental.
                                                                                                                                                                                                                             
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.


OTRAS ADHESIONES:

MESA PERMANENTE INTERSECTORIAL DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ALVEAR
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ALVAREZ
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD MENTAL N°3 “AMEGHINO” DIPUTADA MARIA ELENA NADDEO – LEGISLATURA C.A.B.A.
DIPUTADO JORGE SELSER
DIPUTADA SUSANA RINALDI    
DIPUTADA VIRGINIA GONZALEZ GASS            

LEONARDO GORBACZ – DIPUTADO NACIONAL (MC) – AUTOR LEY  26.657
FORO DE INSTITUCIONES DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL - CABA –
COLECTIVO 448 DE SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DEL GOB. CIUDAD AUT. DE BS.AS. – APGCABA -
FRENTE DE ARTISTAS DEL BORDA
RED ARGENTINA DE ARTE Y SALUD MENTAL
CÁTEDRA LIBRE DE SALUD Y DERECHOS HUMANOS – FACULTAD DE MEDICINA - UBA –
FORO DE INSTITUCIONES DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL - CABA – INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:
- ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DEL GOB. CIUDAD AUT. DE BS.AS.
- ASOCIACION DE PSICÓLOGOS DE BUENOS AIRES
- ASOC. ARG. DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TERAPIA COGNITIVA
- ASOCIACIÓN COLEGIO DE PSICOANALISTAS
- ASOCIACIÓN SISTÉMICA DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN ESCUELA ARGENTINA DE PSICOTERAPIA PARA GRADUADOS
- ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA ARGENTINA
- ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE BUENOS AIRES
- ASOCIACIÓN GESTÁLTICA DE BUENOS AIRES 
- ATENEO PSICOANALÍTICO
- ATICO COOPERATIVA DE TRABAJO EN SALUD MENTAL
- CENTRO ORO
- FUNDACIÓN CIAP – CENTRO DE INVESTIG. Y ASESORAMIENTO EN PSICOLOGÍA
- ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO
ASOCIACIÓN DE SALUD DE LOS ARGENTINOS – ASPA – JORGE RACHID –
ASOCIACIÓN CIVIL PROFESIONALES LATINOAMERICANOS CONTRA EL ABUSO DE PODER
FRENTE DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA KBA – NORA CAPPELLETTI –
MOVIMIENTO DE JÓVENES MILITANTANTES POR LA LEY NACIONAL 26.657 DE SALUD MENTAL
CASA SOCIAL DE BOEDO – INTEGRANTE COMISIÓN DE SALUD DEL FPV - COMUNA 5 –


ADHESIONES: saludmentalaeb@fibertel.com.ar  


3/3/12

Profecías autocumplidas y discursos


La legitimación de la guerra contra la droga a través de las palabras
                                                                             

Alessandro Baratta supo decirnos, hace ya más de quince años, tomando como referencia la teoría sistémica de Niklas Luhmann, que la política de drogas contemporánea –aún hoy vigente-, constituye un sistema autorreferencial, que se reproduce a sí mismo ideológica y materialmente[1].

Por reproducción ideológica el autor entiende “el proceso general a través del cual cada actor o grupo de actores integrados en el sistema encuentra confirmación de su propia imagen de la realidad en la actitud de sus propios actores”; mientras que por reproducción material entiende la producción “de una realidad por parte del sistema “conforme a la  imagen de la cual surge y que la legitima”[2].

Esta realidad que el sistema autorreproduce está, según el profesor italiano, caracterizada por cuatro elementos:

a) la relación necesaria entre consumo y drogodependencia;

b) la pertenencia de los toxicómanos a una subcultura que no comparte el sentido de la realidad propio de la mayoría de los “normales”;  

c) el hecho de que los drogodependientes tienen un comportamiento asocial y delictivo que los aísla de la vida productiva y los lleva hacia carreras criminales;

d) el estado de enfermedad psicofísica de los drogodependientes y la irreversibilidad de la dependencia.

Este sistema prohibicionista de drogas, por lo tanto, “produce por sí mismo la realidad que lo legitima”[3], generándose así lo que tanto Baratta como Escohotado denominan “profecías autocumplidas”, siendo una de sus principales características “el hecho de que los actores se confirman recíprocamente en su actitud favorable a la actual política de la droga”[4].

En este sistema, continúa Baratta, hay un solo grupo desviado, apartado: el de los drogodependientes, el cual no sólo es funcional a esa autorreproducción del sistema sino que además la refuerza.

Estos diferentes grupos del sistema están formados por los expertos, las instituciones, el público y la prensa, artífices del desarrollo “tanto a nivel real como simbólico de la guerra contra el problema de la droga”[5][6].

La  reproducción ideológica y material de este sistema, está sustentada por sus discursos, los cuales reconfirman aquellos cuatro elementos de la realidad que  fueran enumerados hace unas líneas.

Parafraseando a Rosa del Olmo, lo que se produce entre esa realidad y el discurso, es una suerte de retroalimentación, ya que éste es “parte constitutiva de la realidad condicionándola” y a su vez aquella “refuerza los contenidos del discurso”.

El lenguaje se torna, de esa forma, una herramienta para  construir realidades a partir de subjetividades[7], formando una pieza fundamental del sistema cerrado de la droga del cual habla Baratta, manejándose para crear percepciones, dando vía libre a la eventual legitimación de determinadas políticas estatales.

La forma de referirnos a determinados hechos, fenómenos o procesos,  reflejan nuestra posición ante aquello de lo que estamos hablando.

En la temática drogas, -como en otras, claro-, la elección de los términos y las palabras que se usan para describir los diferentes aspectos del fenómeno indica cuál es nuestro  posicionamiento al respecto.

A continuación analizaremos brevemente algunos ejemplos de cómo la elección de utilizar un término va de la mano de un determinado discurso y una determinada ideología.




En primer lugar, ya de por sí, decir droga o drogas implica un modo de ver la temática desde perspectivas diferentes.

Como sostiene Alberto Calabrese, referirnos a la droga de forma singular, “es una forma de potenciarla en ese imaginario colectivo como algo muy importante, como decir <<la belleza>>, <<la maldad>>”, al no diferenciarlas, “le estamos dando una categorización del mal tremendo, que siempre viene del otro lado de la frontera”. Esta terminología, no es fruto de una equivocación, si no que es lo que –por el contrario- le da un significado y una directriz específicos a las políticas de drogas. [8]

Por otro lado, desde el punto de vista de los componentes y de los efectos de las distintas sustancias, decir droga es incorrecto, ya que es imposible englobar todas las drogas dentro de una clasificación de este tipo.

Siguiendo esta línea, Escohotado sostiene que “el criterio de quienes gestionan el control social entiende que, por definición cualquier sustancia psicotrópica es una trampa a las reglas del juego limpio: lesiona por fuerza la constitución psicosomática del usuario, perjudica necesariamente a las demás y traiciona las esperanzas éticas depositadas en sus ciudadanos por los Estados”[9].  Es decir, cuando decimos droga, debemos tener conciencia que estamos hablando desde el discurso “criminalizador y prohibicionista hegemónico”[10].

En cuanto a la utilización del término problema de la droga, Baratta explica que está directamente relacionado con la llegada del capitalismo, ya que es cuando las drogas – que antes eran algo “normal”- pierden su vinculación secular con las economías locales y se convierten en objeto de rápidos procesos de transculturización[11].

Otro término que se escucha repetidamente cuando se habla de esta temática es el mundo de la droga.

Baratta sostiene que esta sentencia forma parte de la representación unidimensional proveniente del discurso oficial.

En vez de mundo de la droga, el autor italiano sugiere que se debe hablar de mundos de las drogas, ya que si bien hay un determinado mundo de la droga, que es el que es visible a la sociedad, “existen otros mundos subterráneos, discretos e invisibles, y desde este punto de vista, privilegiados” [12]; es decir, aquellos en los cuales habitan usuarios cuyos consumos no generan una reacción social y penal.

Por otra parte, desde el discurso hegemónico no se habla de distintos tipos de usuarios, sino que cuando se hace referencia a aquellos que consumen drogas, se utiliza el término drogadicto, generando el imaginario de que sólo hay un tipo de uso de droga: aquél que es conflictivo y genera dependencia.

Desde el discurso no oficial, en cambio se habla de usuarios y se resalta la necesidad de distinguir sus diferentes niveles.

El uso conflictivo o no de una droga determinada, no depende únicamente de esa sustancia, sino también de las características del individuo y su contexto.

El nexo causal entre drogas y dependencia es un aspecto fundamental del discurso hegemónico y alarmista acerca de las drogas. En oposición, al utilizar el término usuario, estamos equiparando al consumidor de drogas con cualquier otro consumidor usuario de cualquier otro producto del mercado capitalista; lo que implica, en consecuencia, reconocerle los mismos derechos.

Otro término que los discursos alternativos a la prohibición insisten en acuñar es el de drogodependiente en vez de drogadicto.

Romaní explica que al decir drogodependiente estamos asimilando el hecho de que el hombre es un ser dependiente por naturaleza y que todos los hombres somos dependientes de algo; por ello, el término drogodependiente rompe el muro entre el otro usuario de drogas y el “yo” no usuario de drogas.

Por el contrario, cuando se utiliza el término drogadicto –que de por sí, suena mucho más peyorativo-, se lo utiliza de tal manera que, como manifiesta Romaní, tiende a etiquetar al sector de la sociedad que consume determinada sustancia prohibida[13].

Otra diferenciación de términos, que por lo general se confunde es la despenalización con la desregulación.

El uso de la palabra despenalización por parte de los distintos actores, genera en el imaginario social la percepción de que las políticas descriminalizadoras implican un “descontrol” del mercado de drogas; cuando, muy por el contrario, lo que esas políticas plantean es su regulación.

Este breve análisis terminológico no pretende otra cosa que reflexionar sobre la responsabilidad que implica en cada uno de nosotros la utilización o no de ciertas palabras.

Las palabras son los ladrillos con los que se edifican los discursos; su génesis, su antesala.

Por ello, para ser coherentes con nuestras ideologías, debemos medirlas, sopesarlas, releerlas. Ser conscientes de sus efectos y de que cada palabra reproduce nuestro sistema de creencias y percepción del mundo.



María Eugenia D´agostino







[1] Baratta, Alessandro, Introducción a una sociología de la droga. Problemas y contradicciones del control penal de las drogodependencias, en A.A.V. V., ¿Legalizar las drogas? Criterios técnicos para el debate, Editorial Popular, Madrid, 1991, pág. 49.
[2] Ibídem, pág. 49.
[3] Ibídem, pág.50.
[4] Ibídem, pág. 51.
[5] Ibídem, pág. 53.
[6] Meudt citado en Baratta, Alessandro, op. cit., pág. 53.
[7] Del Olmo, Rosa: Las drogas y sus discursos en El derecho penal hoy. Homenaje al Prof. David Baigún, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1999, pág. 141: “La selección de uno u otro tipo de señal lingüística refleja los modos de percibir y evaluar el mundo de quien usa el lenguaje. De este modo, el lenguaje tiene su efecto en la conformación de la subjetividad y la construcción de la realidad”.
[8] Calabrese, Alberto, El problema de la droga, ponencia en el Foro de la salud y la cuestión social de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), realizado en Buenos Aires, el 23 de noviembre de 2009.
[9] Escohotado, Antonio, Historias de las drogas (1), Ed. Alianza, Madrid, 1992, pág. 13.
[10] Romaní, Oriol, Las drogas: sueños y razones, Ed. Ariel, Barcelona, 1999, pág. 41: “La definición del concepto unificado y estigmatizante de droga hegemónico aún en la actualidad, durante los año del cambio de siglo –S. XX- en E.E.U.U., con el inicio del control del opio en Filipinas según las pautas de lo que será el paradigma prohibicionista y también durante los años de la primera Gran Guerra en Europa, y puede seguirse a través de los principales convenios internacionales que fiscalizan determinados productos ocasionando la criminalización de sus consumidores”.
[11] Baratta, Alessandro, op. cit., pág. 68.
[12] Ibídem, pág. 59.
[13] Romaní, Oriol, op. cit., pág. 43.