10/6/12

"No a la construcción de nuevas cárceles"

Documento presentado conjuntamente por las agrupaciones Locos, Tumberos y Faloperos (LTF), La Mella, Comunicación por la Libertad (CXL) y Atrapamuros, en el marco del 4° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, el Sábado 9 de Junio de 2012, en Rosario, Santa Fé, República Argentina.


Trabajo en Cárceles: Nuestra acción, adentro y afuera:

I.
Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muertes diarias invisibilizadas por la opinión pública, terrorismo de estado en democracia, corrupción estructural, negocio millonario para pocos, discriminación, racismo, esclavitud racionalizada, multiplicación de desigualdades extramuros y caldo de cultivo del conflicto social que en teoría pretende atemperar.
La cárcel no es más ni menos que eso.
En la Argentina hay aproximadamente 65 mil personas privadas de su libertad por el Estado, de las cuales casi el 70% son procesados, es decir inocentes.
La sobrepoblación alcanza el 80%, lo que significa que las cárceles argentinas albergan casi el doble de las personas que su capacidad edilicia les permite.
El número de personas encarceladas en las últimas décadas aumenta a un ritmo 9 veces mayor que la población general.
Este crecimiento –vale decirlo- no guarda relación alguna con la frecuencia delictual, sino que depende estrictamente de políticas estatales premeditadas, diseñadas por potencias foráneas, a base de prácticas como la “mano dura” o la “tolerancia cero” y/o teorías tales como el “actuarialismo” o el “derecho penal del enemigo”, en boga principalmente después de la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York,  el 11 de septiembre de 2001.

II.

El sistema penitenciario suele ser un negocio sumamente rentable para quienes lo comandan (autoridades políticas, directores de unidades y complejos. y en menor medida los guardias de los servicios penitenciarios).
La comida, el trabajo y la salud de las personas presas se convierten en un “negociado de malversaciones” en el que los funcionarios embolsan –en beneficio propio- los recursos que el Estado provee –teóricamente- para garantizar la dignidad de las personas encerradas.
Las drogas, los celulares, las celdas vip y demás beneficios adentro de una cárcel están sumamente cotizados.
Pequeños “kioscos” administrados conjuntamente por presos y penitenciarios, en connivencia con autoridades de mayor rango, contribuyen a que la estadía en la cárcel, sea una verdadera carrera de supervivencia, en el que “todo vale”, con tal de superar las dificultades naturales que impone esta jaula miserable. 
La lógica de premios y castigos avalada expresamente por la normativa vigente, no hace más que realzar la individualidad de cada una de las personas privadas de su libertad, en detrimento de cualquier actividad llevada adelante en conjunto.
Sin embargo, a través de una lucha constante y larga, dentro y fuera de los muros, hoy existen numerosos centros de estudiantes (Penal de Devoto, Ezeiza mujeres y varones, Unidad 48 de San Martín, Unidad 31 de Florencio Varela, etc.), encuentros inter-carcelarios y reclamos conjuntos; clara muestra que la organización entre los internos no es una utopía, sino, una realidad.
Lo dicho no puede tomarse como algo normal, no hay que acostumbrarse. Que la organización crezca día a día y de distintas formas es completamente posible.
 
 
III.

En lo que va del año, en el complejo penitenciario de José León Suarez en la Provincia de Buenos Aires, murieron 5 personas.
Patricio Barrios Cisneros fue asesinado a golpes por diez guardias penitenciarios delante de su mujer embarazada. Le saltaron en el pecho hasta matarlo.
¿La razón? Su hermano había denunciado que los guardias penitenciarios lo sacaban a robar para ellos. La versión oficial del servicio fue que se había golpeado contra las rejas auto-lesionándose hasta morir.
El fiscal estaba presto a aceptar esta versión, pero más de diez testigos presenciaron el hecho y declararon, por lo que los penitenciarios imputados terminaron dándose a la fuga, con la ayuda de sus colegas y el “visto bueno” de la fiscalía que a las dos semanas de los hechos todavía no había pedido la captura internacional.
Lo dicho es sólo un ejemplo de la impunidad con que se manejan los guardias y directores de los servicios penitenciarios, corroborando completamente lo que hasta ahora venimos denunciando.  
En la provincia de Buenos Aires no hay un solo guardia condenado por torturas o por homicidio. Los fiscales y los jueces avalan las prácticas en lugar de denunciarlas y condenarlas.
La política de derechos humanos no parece alcanzar a los penales. Por el contrario, el manejo penitenciario se asemeja ostensiblemente al de los campos de concentración.

IV.

Mientras tanto, los gobiernos nada hacen para cambiar el rumbo de los acontecimientos o lo que intentan hacer no va en la orientación que nosotros consideramos correcta.
De nada sirve trasladar un penal de una ciudad a otra, como se pretende realizar con la cárcel de Devoto (sólo a los fines de salvaguardar los intereses clasistas de los vecinos de uno de los barrios más adinerados de la Ciudad de Buenos Aires) ni –mucho menos- construir nuevas unidades, como las que se están edificando en Mendoza o en el Noroeste argentino (ambas, verdaderos “monstruos arquitectónicos”).
Por el contrario, consideramos de vital importancia, que las autoridades decreten formalmente la prohibición de construir nuevas cárceles y la necesidad de abordar la problemática social denominada “delito”, desde mecanismos de regulación de conflictos más eficaces. 
Idéntico criterio, asumió la hoy vigente ley nacional de salud mental, N° 26.657, con los manicomios –primos hermanos de la cárcel- y el resultado hasta ahora es satisfactorio.
Su artículo 27 expresa con contundencia que “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados”. 
No estaría mal seguir este ejemplo.
La cárcel (y no sólo su realidad), nos indigna y moviliza. Especialmente que aún se sostenga desde el discurso dominante que de esta manera se “soluciona algún conflicto”, “se combate la inseguridad” o se “resocializa” a los que pasan por sus celdas.
Mejorar las condiciones de encierro y reivindicar el legitimo ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es una necesidad inmediata, insoslayable, de vida o muerte, pero también lo es luchar en forma organizada para erradicar progresivamente el campo operativo de esta estructura demencial, enfatizando que su eventual abolición no es una mera utopía sino una construcción político-cultural, que no obstante sonar hoy lejana, debe de una vez por todas, iniciar su camino.
De nosotros depende asumir la responsabilidad de dar los primeros pasos en esta dirección.


ATRAPAMUROS – COMUNICACIÓN X LA LIBERTAD (CXL)

LA MELLA – LOCOS, TUMBEROS Y FALOPEROS (LTF)